La aprobación de un convenio que otorga derechos sobre la propiedad de las semillas modificadas, ha desatado reacciones encontradas en Chile.
Mientras los representantes del gobierno destacan sus beneficios para la actividad agrícola, sus detractores auguran daños para pequeños campesinos y pueblos originarios.
Se trata del acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en su versión de 1991 (UPOV 91) -incluida en el tratado de libre comercio con Estados Unidos-, que fue aprobada el pasado 11 de mayo por el Senado con 13 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones.
El tratado establece y protege los derechos de los "obtentores", que son quienes hayan creado o descubierto una nueva variedad de vegetal.
A ellos les otorga la propiedad intelectual o patente sobre la semilla, que implica un pago por su uso.
El UPOV 91 también aumenta el tiempo de protección del patrimonio y además la extiende al producto de la cosecha.
Y esto es tajantemente rechazado por los grupos opositores.
"No puede ser que ahora sea ilegal que puedas guardar tus propias semillas y las puedas intercambiar o vender los excedentes, es absurdo", le dijo a BBC Mundo Iván Santandreu, representante de Chile sin Transgénicos.
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