De ahora en adelante cualquier empresa de Arizona que quiera contratar a un trabajador estará obligada a verificar su estatus legal para confirmar que tenga permiso de empleo, a riesgo de ser penalizada si incorpora a inmigrantes indocumentados.
Así lo estableció la Corte Suprema de Estados Unidos, que el jueves falló a favor de la vigencia de la llamada Ley de Trabajadores Legales de Arizona (LAWA, por sus siglas en inglés) en lo que, para muchos, constituye un duro golpe a la migración hispana instalada en el país.
Lo que está en el centro del debate es el sistema E-Verify, una base de datos a la que se accede por Internet y que hasta ahora ha sido consultada de manera voluntaria por los empleadores para comprobar el estatus migratorio de sus potenciales trabajadores.
El uso de este programa ha sido un elemento central de las propuestas de reforma migratoria federal desde 2005 y tanto republicanos como demócratas lo han apoyado en ese contexto. Sin embargo, también se han multiplicado los intentos por implementarlo por fuera de la postergada reforma y la decisión de la Corte –según los analistas- avalaría la expansión del E-Verify con carácter obligatorio a otros estados.
Castigo a las empresas
El E-Verify fue establecido en 1997 como programa piloto y voluntario por el gobierno de Estados Unidos y cobró fuerza de ley en Arizona diez años más tarde.
El sistema permite que los empleadores ingresen los datos de los trabajadores en un sistema en línea administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que coteja esa información en sus archivos y los de la Administración del Seguro Social para determinar si éstos están autorizados legalmente a trabajar.
Si el resultado es negativo, las empresas deben referir el caso a las autoridades y corren riesgos de ser multadas por contratar personal “sin papeles”.
“Los estadounidenses pueden y deben optar por premiar a aquellas compañías que obedecen la ley y contratan a una fuerza laboral legal”, señala el Servicio de Ciudadanía e Inmigración gubernamental (USCIS, en inglés) en la página de promoción del programa.
La ley que volvió el E-Verify obligatorio en Arizona, un estado intransigente en la batalla contra los indocumentados, fue disputada ante la Corte Suprema en junio de 2010 por la Cámara de Comercio arizoniana y diversas organizaciones de derechos civiles, que argumentaron que los estados no pueden atribuirse individualmente este tipo de controles.
Tras el fallo del tribunal, que desestimó el reclamo, muchos temen que quede abierto el camino para que otros estados implementen un repertorio de medidas contra la inmigración ilegal más allá de las leyes federales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario